Basta la norma?

La noticia de reformas legales en búsqueda de reducir actividades ilícitas en nuestro país, plantea nuevamente la cuestión: ¿basta la norma para modificar una realidad de dimensiones complejas? En el caso concreto: ¿Puede el contrabando desaparecer o disminuir con la intención de penalizar y aumentar la dureza de las penas para este tipo de actividades?


Es necesario precisar que la mejor forma de eliminar un efecto no deseado es atacar la causa, por lo que como en muchos otros ejemplos en nuestro país (e inclusive muchos otros) la existencia, creación o modificación de una ley o norma no puede concebirse como único mecanismo para erradicar un efecto, pues como en el caso en cuestión, la falta de una norma no es la causa del problema.

La norma o la ley es un instrumento que debe coadyuvar a atacar la causa, pero no puede ser el único elemento. Nuestro país tiene una extensa proliferación de normas e incluso leyes, que a falta de otros elementos no se han traducido en mejoras o cambios palpables, muy a pesar incluso de ser normas aplaudidas y copiadas en otros países.

La razón del contrabando en nuestro país plantea la difícil cuestión de políticas económicas y fronterizas y no meramente un fenómeno legal. La erradicación del contrabando debe plantear necesariamente políticas económicas y fronterizas que coadyuven a atacar la causa del problema, que involucra tres aspectos importantísimos y muchos otros elementos complementarios:

1.- la política de subvención: mientras exista una interesante margen de "utilidades" a los contrabandistas por el comercio de productos y bienes subvencionados, siempre existirá un fuerte incentivo económico a esta actividad, que puede ser más persuasivo que el intento de disuasión a través de penas duras.
2.- la política de control fronterizo: la presencia institucional y de control en nuestras extensas fronteras es muy pobre no solo a nivel infraestructural sino que complementariamente, nuestras instituciones de control no cuentan con los mejores recursos en capacitación técnica, pero además la corrupción mengua notoriamente la finalidad de control.
3.- La crisis en nuestro sistema judicial: varias de nuestras leyes punitivas han encontrado una ineficacia intrínseca en su ejecución y cumplimiento debido a nuestro sistema judicial, deficiente en la pronta tramitación de juicios a sus responsables y la alta penalización de actores intermedios, inocentes o pequeños infractores sin afectar a los grandes criminales o la actividad en general de forma significativa.

Ojalá las nuevas medidas legales se conciban en adelante como parte de una política destinada a garantizar combatir la causa y no solamente evidenciar nuestro descontento con los efectos.


Colaboración:
Enrique Mendoza Villar

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