Cuando el empleador y el trabajador concluyen la relación laboral, el verdadero costo de los beneficios puede resultar mayor a lo previsto por el empleador, y generarle varias dificultades.
Muchas veces el mayor costo se debe a un cálculo errado sobre las bases reales para el cálculo de los beneficios, un desconocimiento de los conceptos que comprenden los que se deben pagar en favor del trabajador, los plazos para hacerlo y otras obligaciones patronales y obligaciones formales. Sin embargo, es posible también que la falta de previsionamiento de dichos conceptos sea una razón también frecuente de problemas, sobre todo con trabajadores con bastante antigüedad, ya que la cuantía puede resultar bastante considerable y aparentemente repentina.
Lamentablemente, los empleadores buscan una ayuda o asesoramiento legal para intentar disminuir las obligaciones luego de ocurrido el despido o la renuncia. Sin embargo, en materia laboral, muchos de los conceptos a los que pueda verse obligado a pagar un empleador no dependen únicamente de un correcto cálculo de los beneficios tras el hecho, sino de un correcto asesoramiento y previsionamiento desde antes de la contratación y durante toda la relación laboral.
Ante una materia del derecho caracterizada por el proteccionismo, la inversión de la prueba y las ventajas procesales al trabajador como medio de compensación a la desigualdad económica entre las partes, muchos empleadores se encuentran en verdadera desventaja e inclusive indefensión ante un trabajador que pudiera estar buscando prestaciones superiores a las que legítimamente debería reclamar y obtener compensaciones injustas.
Y muchas veces la falta de asesoramiento oportuno no solamente implica el incumplimiento o inobservancia de parte del empleador, que pueda traducirse en cuantías mayores, sino que un reclamo del trabajador puede elevar los costos reales de dichos beneficios por gastos de representación, costas y honorarios, multas, intereses, actualizaciones y otros, pero sobre todo por la posibilidad de sufrir medidas preventivas y el notorio desgaste de esfuerzos y tiempos, recursos tan valiosos para el empleador. Un asesoramiento previo y constante puede resultar menos oneroso, más efectivo y más fácilmente previsible que un conflicto laboral.
Muchas veces el mayor costo se debe a un cálculo errado sobre las bases reales para el cálculo de los beneficios, un desconocimiento de los conceptos que comprenden los que se deben pagar en favor del trabajador, los plazos para hacerlo y otras obligaciones patronales y obligaciones formales. Sin embargo, es posible también que la falta de previsionamiento de dichos conceptos sea una razón también frecuente de problemas, sobre todo con trabajadores con bastante antigüedad, ya que la cuantía puede resultar bastante considerable y aparentemente repentina.
Lamentablemente, los empleadores buscan una ayuda o asesoramiento legal para intentar disminuir las obligaciones luego de ocurrido el despido o la renuncia. Sin embargo, en materia laboral, muchos de los conceptos a los que pueda verse obligado a pagar un empleador no dependen únicamente de un correcto cálculo de los beneficios tras el hecho, sino de un correcto asesoramiento y previsionamiento desde antes de la contratación y durante toda la relación laboral.
Ante una materia del derecho caracterizada por el proteccionismo, la inversión de la prueba y las ventajas procesales al trabajador como medio de compensación a la desigualdad económica entre las partes, muchos empleadores se encuentran en verdadera desventaja e inclusive indefensión ante un trabajador que pudiera estar buscando prestaciones superiores a las que legítimamente debería reclamar y obtener compensaciones injustas.
Y muchas veces la falta de asesoramiento oportuno no solamente implica el incumplimiento o inobservancia de parte del empleador, que pueda traducirse en cuantías mayores, sino que un reclamo del trabajador puede elevar los costos reales de dichos beneficios por gastos de representación, costas y honorarios, multas, intereses, actualizaciones y otros, pero sobre todo por la posibilidad de sufrir medidas preventivas y el notorio desgaste de esfuerzos y tiempos, recursos tan valiosos para el empleador. Un asesoramiento previo y constante puede resultar menos oneroso, más efectivo y más fácilmente previsible que un conflicto laboral.
