Seguridad ciudadana y normas

Existe una creciente demanda de modificar las normas a fin de combatir la creciente inseguridad ciudadana. Pero ¿hasta que punto puede la norma traducirse en Seguridad Ciudadana? ¿No debería plantearse un enfoque integral en busca de una efectiva solución? O será que las normas y sus reformas son el nuevo placebo social boliviano?

Las noticias son elocuentes, la violencia y la criminalidad se han incrementado y la sensación de inseguridad está provocando una fuerte reacción social. Pero el acalorado debate por la urgida solución es, como en oportunidades anteriores, ajeno a las verdaderas causas y por ende a la efectiva solución.

El clamor popular solicita normas más duras, penas más fuertes y reformas judiciales para recobrar la seguridad ciudadana. También hay un llamado urgente a una mayor presencia física de la policía e incluso de las fuerzas armadas y la alternativa de promover la justicia por mano propia.

En la práctica, existe abundante evidencia que corrobora que penas más duras no tienen una incidencia directa con la criminalidad, ni que un marco legal menos proteccionista incida en forma directa en los niveles de delincuencia. El hecho es que la norma y la lógica punitiva del derecho penal representan una reacción institucional al delito cometido, o para ser más precisos, al delito presuntamente cometido y no representa de ninguna manera una política de seguridad ciudadana que debería buscar la prevención de los delitos y no solamente su castigo.

Para ello es necesario ahondar en las causas e incidencias de la delincuencia. Y como primer elemento es imprescindible obtener datos reales del crimen en Bolivia. Es realmente evidente que la seguridad ciudadana se ha incrementado? En que proporción en relación al crecimiento demográfico de nuestra ciudades? Qué tipos de delitos han aumentado? Cuales disminuido? Que relación tienen ciertos delitos con el perfil social o económico de sus autores y de sus víctimas? Cuántos de éstos delincuentes son reincidentes? Cuantos beneficiados con salidas alternativas? Cual es la carga procesal? Cuál la estadística de correcta o incorrecta aplicación de la norma?

Estas interrogantes deberían poder consultarse a través de datos confiables, serios y actuales. Ante la actual carencia de los mismos, cabe hacer “suposiciones” sobre las causales que deberían tratase con prioridad al endurecimiento del proceso, las penas o la norma. Creo que es posible convenir que entre las causas reales que debieran tocar las políticas diseñadas a combatir la seguridad ciudadana están necesariamente aspectos económicos, sociales y de cultura ciudadana o jurídica antes que meramente normativos, procesales o punitivos.

De hecho, el gran número de reclamos de seguridad han puesto en manifiesto la preocupante conducta delictiva de quienes se sospechan posibles víctimas, en completo desconocimiento de procedimientos reglados y del respeto a garantías de las partes. Y creo que es evidente que los “castigos” representan delitos más graves que los que pretenden castigar, poniendo de manifiesto la falta de valores de nuestra sociedad, que son causa principal de delincuencia.

Es evidente que a nivel social y cultural no existe un respeto a la norma o al procedimiento y justamente por eso la solución no puede pasar por la mera reforma normativa. Esa falta de valores y respeto generalizado en nuestra sociedad hace comprensible, en consecuencia, que los administradores de justicia y responsables del cumplimiento de la norma tampoco tengan un apego a la norma, con las mismas consecuencias. El propio poder y la representación del Estado - con la misma consecuencia de inviabilizar la normativa como solución al problema-  no muestra intensiones de cumplir la norma y por tanto no tiene la autoridad moral para exigir su cumplimiento (para ejemplificar basta ver los procesos en que las autoridades gubernamentales son parte, tanto como víctima o imputados, o el desconocimiento sistemático del gobierno a sus propias normas en el ejercicio de sus políticas).

De hecho, la molestia con el sistema procesal actual no deriva del diseño jurídico del mismo, sino de su incorrecta aplicación. Si un delincuente habitual o reincidente es “soltado varias veces”, la policía y fiscales están eludiendo su responsabilidad escudados en las garantías del proceso; sin darse a la tarea de cumplir con la obligación de registrar los hechos y de comprobarlos, pues normativamente estos casos no podrían beneficiarse de la abusada “salida alternativa” por no cumplirse los requisitos.

La lógica de la “tolerancia cero” salvó a Nueva York de una creciente criminalidad bajo el principio de cambiar la conducta del neoyorkino, tanto la sociedad como sus servidores públicos, en relación al cumplimiento de la norma, sin necesidad de incurrir en reformas normativas. Bastó cumplir las normas que ya estaban vigentes y hacerlo en lo grande y lo pequeño, generando una verdadera cultura jurídica.

Adicionalmente, deben buscarse solucionarse otros factores de incidencia en la criminalidad relacionados a factores económicos y educativos (acceso a oportunidades de aprendizaje, cultura y empleo) como parte de una política, que como dije antes debe ser diseñada y no simplemente implementada o copiada. Ante esta mirada más integral del problema y sus soluciones, recién podría entrar al debate sobre la necesidad o no de reformas penales o procesales relacionadas a la seguridad ciudadana.

A modo de conclusión me vienen dos escenas: la primera la reveladora entrevista entre los personajes de Los Simpson, Homero y el reportero Ken sobre las consecuencias de la implementación de los vigilantes. La segunda un dialogo de los personajes del libro “American Visa” de Juan de Recacoechea donde sus protagonistas discuten sobre jugar a los policías o ladrones – si escoger ser los buenos o los malos – y Mario concluye que “en este país los policías son los ladrones”, sin hacer referencia explícita a una institución o profesión, tal vez quienes se suponen deben hacer cumplir la norma la están violando.

Enrique Mendoza Vilar

ABOGADO