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Enrique Mendoza Vilar Director de Asesores Legales Corporativos ALC

Enrique Mendoza Vilar Director de Asesores Legales Corporativos ALC
Director de Asesores Legales Corporativos ALC, Abogado y Contribuidor regular
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martes, 28 de junio de 2022

Arancel del Colegio de Abogados La Paz ICALP

 A los efectos de referencia e información, compartimos el arancel del Ilustre Colegios de Abogados de La Paz.

Los abogados en ejercicio libre de la profesión están sujetos al presente arancel mínimo. Esto quiere decir que los montos establecidos y los criterios aquí definidos, sirven para establecer una base de cobro por los servicios descritos, los mismos que no pueden cobrarse en menor cuantía, pero sí pueden cobrarse, por acuerdo de Partes, en montos superiores. 

En ausencia de Acuerdo regulador de honorarios o Iguala Profesional, la determinación de los honorarios debe hacer conforme el presente Arancel Mínimo.

Otros Colegios Departamentales tienen aranceles definidos con cuantías o criterios diferentes. En la actualidad, existen también propuestas arancelarias vigentes de distintas instituciones, siendo esta una propuesta del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, mismo que además se tiene cuestionado por falta de actualización al estar vigente por casi 20 años sin modificación, misma que es necesaria y urgente.



miércoles, 7 de diciembre de 2011

Jubilación en Bolivia?

Como lo advierte la noticia, muchas personas están obligadas a trabajar de por vida, aún tras la jubilación. Y el futuro de los rentistas no es mejor. Pero y los trabajadores activos?
La verdad es que este panorama tampoco es alentador para los trabajadores activos. La modificación en el nuevo sistema y la desconfianza a la administración estatal de los fondos aportados, sumada a la creciente informalidad han generado la desconfianza hacia el sistema y la eminente crisis de su financiamiento.
Esta desconfianza no está infundada, pues como los datos revelan la mayoría no llega a cumplir los requisitos para la jubilación, por lo menos la teórica; y percibe rentas escasas o no consigue jubilarse. Pero la situación empieza a provocar un ciclo vicioso con pocas alternativas: el financiamiento de los sistemas previsionales se basan en que el aporte de los trabajadores activos será siempre superior a los gastos de financiación de los pasivos. Esto implica reducir gastos, y lograr mayores recaudaciones junto a mayores rentabilidades a lo recaudado.
Pero como se menciona antes, la informalidad crece, no solo por parte de los empleadores, sino por los propios trabajadores que prefieren “eludir” sus aportes y la creciente cantidad de “auto empleados” o “independientes” que no encuentran beneficios o incentivos suficientes para realizar aportes individuales voluntarios. El último golpe dado al futuro de la jubilación en Bolivia son las medidas relacionadas a la administración de los fondos y los componentes de los aportes.
Tanto la Estatización de los Fondos de Pensiones como la estatización de las empresas sectoriales estratégicas, cuyas ganancias aportaban a los fondos de Pensiones, han significado un duro golpe al financiamiento de dichos fondos pero también a la transparencia y eficiencia en el control de los beneficiarios y aportantes. El Estado ahora es Regulador, Regulado y Beneficiario de estos fondos; y ya se ha podido evidenciar la mala administración del Estado, no solo en la falta de dividendos que antes producían las empresas privadas, sino porque ante la prioridad política de la administración gubernamental, el destino de los recursos no siempre se respeta, echando mano de ellos ya sea para financiar otras actividades o a través de perdonazos y condonaciones que el propio estado se hace como administrador de las empresas. Y ya que se menciona esto, no sólo ha ocurrido en perjuicio de los aportantes y beneficiarios sino también en perjuicio de la población en general que ahora ha visto disminuida la posibilidad de recaudación de impuestos a las nacionalizadas (lo que jamás ocurrió ni ocurriría con las privadas) y con ello la pretendida redistribución de la riqueza que debería lograrse con ello.
Y aunque las expectativas económicas y financieras puedan aparentar positivas par algunos optimistas, para los trabajadores activos el sistema no refleja la seguridad que debería; ni se han podido comunicar eficientemente los beneficios del aporte conjunto para el caso de cada particular, enfrentándonos con la principal causa de desastre financiero que a su vez, justifica el miedo y resistencia a aportar y afiliarse.
El problema es claro y la crisis que enfrentamos no se debe exclusivamente a particularidades en nuestro país, así que a modo de alternativas de solución es preciso señalar la necesidad de fomentar políticas de estabilidad laboral y efectivización de aportes de empleadores, trabajadores e independientes. Para ello se debe otorgar certeza y transparencia sobre el destino, rentabilidad y control de los fondos de pensiones. Para ello debe haber una mejor separación de los actores y sus atribuciones, debiendo tener controles efectivos, independencia en la administración e información efectiva sobre los beneficios, administración y destino de los aportes. También generar mecanismos eficientes de financiación de los fondos, no solo a través de los aportes directos, sino  través de su rentabilidad, correcta inversión, contribución en aportes de la rentabilidad de los negocios estatales y economía nacional.
Independientemente de ello, nosotros recomendamos que además de cumplir con los aportes patronales, del trabajador o voluntarios, los empleadores, trabajadores e inclusive los independientes o auto empleados, prevean la importancia del ahorro para el retiro a través de seguros particulares, ahorros, inversiones, y la creación de ingresos indirectos.

jueves, 26 de mayo de 2011

El verdadero costo de los beneficios sociales tras la finalización de una relación laboral

Cuando el empleador y el trabajador concluyen la relación laboral, el verdadero costo de los beneficios puede resultar mayor a lo previsto por el empleador, y generarle varias dificultades.

Muchas veces el mayor costo se debe a un cálculo errado sobre las bases reales para el cálculo de los beneficios, un desconocimiento de los conceptos que comprenden los que se deben pagar en favor del trabajador, los plazos para hacerlo y otras obligaciones patronales y obligaciones formales. Sin embargo, es posible también que la falta de previsionamiento de dichos conceptos sea una razón también frecuente de problemas, sobre todo con trabajadores con bastante antigüedad, ya que la cuantía puede resultar bastante considerable y aparentemente repentina.

Lamentablemente, los empleadores buscan una ayuda o asesoramiento legal para intentar disminuir las obligaciones luego de ocurrido el despido o la renuncia. Sin embargo, en materia laboral, muchos de los conceptos a los que pueda verse obligado a pagar un empleador no dependen únicamente de un correcto cálculo de los beneficios tras el hecho, sino de un correcto asesoramiento y previsionamiento desde antes de la contratación y durante toda la relación laboral.

Ante una materia del derecho caracterizada por el proteccionismo, la inversión de la prueba y las ventajas procesales al trabajador como medio de compensación a la desigualdad económica entre las partes, muchos empleadores se encuentran en verdadera desventaja e inclusive indefensión ante un trabajador que pudiera estar buscando prestaciones superiores a las que legítimamente debería reclamar y obtener compensaciones injustas.

Y muchas veces la falta de asesoramiento oportuno no solamente implica el incumplimiento o inobservancia de parte del empleador, que pueda traducirse en cuantías mayores, sino que un reclamo del trabajador puede elevar los costos reales de dichos beneficios por gastos de representación, costas y honorarios, multas, intereses, actualizaciones y otros, pero sobre todo por la posibilidad de sufrir medidas preventivas y el notorio desgaste de esfuerzos y tiempos, recursos tan valiosos para el empleador. Un asesoramiento previo y constante puede resultar menos oneroso, más efectivo y más fácilmente previsible que un conflicto laboral.